martes, 13 de junio de 2017

Los 4 municipios grandes de Canarias proponen una mayor implicación del SCE en la Prestación Canaria de Inserción

La Laguna acoge la primera mesa de los concejales de Asuntos Sociales del G4, donde se han planteado respuestas a problemas comunes en sus municipios

La primera mesa de trabajo de Servicios Sociales de las cuatro grandes ciudades de Canarias, formada por Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde (municipio cabecera del G4), han acordado proponer un cambio en la ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI) de tal forma que se vincule más con la creación de empleo, con una mayor implicación del Servicio Canario de Empleo, que a su vez, permita liberar a los trabajadores sociales de la parte administrativa y se puedan dedicar más a su labor de prevención e intervención.

Así se ha decidido en la reunión que han mantenido hoy en el Ayuntamiento de La Laguna, la concejala de Bienestar Social, Flora Marrero; el concejal de Acción Social y Desarrollo Humano de Telde, Diego Ojeda; el concejal de Atención Social del Ayuntamiento de San Cruz de Tenerife, Oscar García; y el concejal de Cohesión Social e Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega. Durante la reunión, fueron saludados por el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, quien compartió parte de la reunión.

Entre los principales aspectos acordados están: la necesidad de potenciar la intervención social en Asuntos Sociales; que exista una mayor coordinación con otras administraciones –Cabildo y Gobierno de Canarias—y que los ayuntamientos sean más escuchados en sus propuestas.

También se acordó seguir impulsando, inclusive con partida presupuestaria, las políticas de prevención, “pues las políticas que hoy se están implantando serán para un mundo que probablemente deje que existir”, destacó Marrero.

Se llegó también a la conclusión de que el área de Servicios Sociales debe trabajar más la transversalidad, es decir, los problemas de bienestar social no son exclusivos de bienestar social, sino de todas las áreas de los ayuntamientos, son competencia de otras como vivienda, sanidad, educación e incluso deportes.

Otro de los temas que se valoró fue el instar a los partidos políticos a debatir sobre un sistema de garantía de renta, ya que consideran que ayudaría reducir a un segmento de los ciudadanos deban acudir a los servicios sociales. Además van a pedir una reunión técnica, prevista para el mes de septiembre, para trabajar en varios puntos como la ley de atención para barrios con especial vulnerabilidad.

Jacinto Ortega, concejal de Las Palmas de Gran Canaria, destacó que han hecho un diagnóstico de la situación en la que coinciden los cuatro municipios y “creemos que hemos pasado de instar a casi exigir al Gobierno de Canarias y al Gobierno nacional de que debe haber una implicación mayor en la recuperación social de toda Canarias en especial de donde hay más habitantes”.

Por su parte, Diego Ojeda, de Telde, precisó “que asistimos a un cambio de paradigma a un mundo que está en constante cambio donde probablemente las necesidades que teníamos, sobre todo en formación, van a cambiar para el futuro y eso es lo que tenemos que adecuarnos, mientras tanto es necesario un sistema de garantía de renta pueda pagar las necesidades básicas y el acuerdo de transformar la ley de la PCI y quizás llevarlo más al camino del empleo, de esta manera liberaríamos los recursos humanos que tenemos en los servicios sociales lo que nos permitiría una mayor intervención en los trabajos de prevención social en los cuatro municipios”.

El concejal Oscar García consideró que para dar mejor calidad de vida y una esperanza para las personas con difícil inserción social y “dar respuesta a esta situación pueden hacen falta dos ejes fundamentales: el empleo que de autonomía a las familias y esas herramientas de prestaciones que pueden ayudar a esas familias mientras otras que aún no han tocado las puertas del Ayuntamiento”. Por ello coincidió en la importancia de que la PCI sea gestionado por Empleo u otra administración y liberar de esta carga a los trabajadores sociales de los municipios.

“Creemos que hay que atajar los problemas de raíz con educación y con otras medidas; tenemos que prepararnos, no aplicar medidas de ayer para los problemas de hoy”, puntualizó.

Las propuestas acordadas van a ser trabajadas a nivel técnico para sacar conclusiones

 

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